Mujeres y liderazgo político en la Península Ibérica e Italia

Los estudios sobre el reflejo que los medios de comunicación realizan a propósito de las mujeres políticas, muestran datos preocupantes. Una de las principales conclusiones de La imagen de la mujer política en los medios de comunicación, realizado en España, es que la esfera política “es un espacio especialmente dominado por el género masculino donde, además, han prevalecido y prevalecen los estereotipos de género más perjudiciales para la mujer” (Gómez-Escalonilla, García, Santín, Rodríguez y Torregrosa, 2008). El informe refleja una realidad escalofriante, construida por datos como que el 83% de las menciones realizadas por medios de comunicación sobre la esfera política corresponden a políticos varones y tan solo el 16,5% a mujeres políticas. Otros estudios de similares características arrojan datos similares.

Un problema frecuente para las mujeres que ejercen la política son las dificultades para abrirse camino dentro de sus propias formaciones, según recogen los medios de comunicación. Además del acoso sexual -muy común según los testimonios de las entrevistadas- el problema que más mencionan las representantes públicas es “que los hombres esperan que compartan sus puntos de vista en vez de tener opiniones propias[1]. El incidente ocurrido en abril de 2021 en Turquía con Ursula Von der Leyen, durante la visita oficial de los representantes de la UE a ese país, ilustra la falta de respeto y valoración que todavía despiertan las mujeres políticas en la sociedad. El presidente turco Erdogan, misógino confeso y conocido, la relegó a sentarse en un lugar de segunda categoría. Pero el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (que acompañaba a Von der Leyen) no protestó ante el gesto de Erdogan que discriminaba a su compañera, sino que ocupó su sillón de primera categoría con toda tranquilidad[2].

Este artículo que presentamos a continuación es fruto de una investigación realizada en el entorno universitario sobre el tratamiento y presencia de las mujeres políticas en los medios y la acción política en la Península Ibérica e Italia.

Mujeres y acción política en la Península Ibérica

En 1866, la opinión pública internacional recibió con asombro y clamor la noticia de que el parlamentario británico John Stuart Mill había solicitado a su Parlamento que se aprobara el derecho al voto para las mujeres. Pero Stuart Mill no fue pionero en esa petición, cuarenta y cuatro años antes, exactamente el 22 de abril de 1822, el diputado luso Borges de Barros había registrado en la primera institución parlamentaria portuguesa una propuesta solicitando el derecho de voto para las mujeres.

El voto femenino se introdujo en Portugal en 1931, aunque con ciertas restricciones. Será después de la Revolución del 25 de abril de 1974 cuando se consagraría el sufragio universal y se abolirían las restricciones al derecho de voto en función del género. El sufragio universal y la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres están recogidos en la Ley 14/2008, de 12 de marzo, compuesta por veintitrés artículos, que sanciona y prohíbe la vulneración del principio de igualdad de derechos como ciudadanos entre hombres y mujeres. Por su parte, el V Plan Nacional de Igualdad de Género, Ciudadanía y No Discriminación (PNI) (2014-2017), reconoce al Estado la función de promover la igualdad entre mujeres y hombres, siendo la no discriminación por razón de sexo u orientación sexual un principio fundamental de la Constitución de la República Portuguesa y base de su Estado Democrático de Derecho. Este Plan Nacional portugués está en consonancia con los compromisos recogidos en el Tratado de la Unión Europea, especialmente en lo que se refiere a algunos artículos (2, 3, 6, 8, 10, 153 y 157) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que refuerzan el principio de igualdad, que incluye la perspectiva de género en todas sus políticas.

El liderazgo de la mujer en la política portuguesa

La Ley de Paridad en Portugal exige que las listas tengan al menos un 40% de representación de cada sexo. Esta norma exige que no haya más de dos candidatos del mismo sexo seguidos, pero no establece ninguna jerarquía, dejando a la libre elección de los partidos quien lidera las candidaturas. Sin embargo, las elecciones legislativas de enero de 2022, representaron un pequeño retroceso en la representación de mujeres en el parlamento de Portugal, en relación con las elecciones anteriores en 2019.

Ahora, ochenta y cuatro mujeres, se han incorporado a la Asamblea de la República, lo que representa un 36,5%, del arco parlamentario. Sin embargo, en cuanto a la presencia de las mujeres en el Gobierno, esta es notable. Por primera vez en Portugal, el equipo ministerial está compuesto por una mayoría de mujeres.

En la Legislatura 2019-2022, varias mujeres desempeñaron funciones de liderazgo en las diferentes comisiones de la Asamblea Portuguesa: entre ellas, la diputada del PS Cláudia Santos, como coordinadora del Grupo Parlamentario de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías; Ana Miguel dos Santos, del PSD, como coordinadora de la Comisión de Defensa Nacional;  Fabíola Cardoso, diputada del Bloco de Esquerda, como vicepresidenta Comisión de Asuntos Europeos;  Marina Mortágua, también diputada del Bloco de Esquerda, como vicepresidenta de la Comisión de Presupuestos y Finanzas; en la Comisión de Educación, Ciencia, Juventud y Deporte, hay dos mujeres más como vicepresidentas, Carla Sousa, del PS y Joana Mortágua, del Bloco de Esquerda; Maria Antónia de Almeida Santos, diputada del PS, era  la presidenta de la Comisión de Sanidad; en la Comisión de Cultura y Comunicación, Fernanda Velez (PSD) y Beatriz Dias (Bloco de Esquerda); y , finalmente, Isaura Morais, diputada del PSD, presidenta de la Comisión de Administración Pública, Modernización Administrativa, Descentralización y Gobierno Local. En  la Comisión Eventual para el seguimiento de la aplicación de las medidas de respuesta a la pandemia de la enfermedad COVID-19 y el proceso de recuperación económica y social,  Ofélia Ramos, del PSD, era vicepresidenta, mientras que  Catarina Ferreira, del PSD, formaba  parte de  la Comisión Eventual para la Revisión Constitucional y, por último, Isabel Oneto, del PSD, ostentaba el cargo de  vicepresidenta de la Comisión Eventual de Investigación Parlamentaria sobre las pérdidas registradas por Novo Banco e imputadas al Fondo de Resolución. Sólo una mujer desempeñaba este papel: Catarina Martins, líder y diputada del Bloco de Esquerda.

Por último, cabe destacar que solo el Bloco de Esquerda (BE), quinta fuerza política del país, es un referente para los derechos políticos de la mujer porque está liderado por Catarina Martins.

Mujeres y vida política en España

La historia de la participación de las españolas en la vida política de su país está directamente relacionada con la gestación y el triunfo de la Revolución Francesa de 1789, segunda convulsión política originada en el “viejo continente” tras la revolución inglesa de 1688, que instaura por primera vez en Europa el parlamentarismo como forma de gobierno. Las ideas de John Locke sobre el bien común y la defensa de Thomas Hobbes de un Estado garante de las relaciones de convivencia entre individuos, su “Leviatán”, prendieron en los ilustrados franceses, que profundizaron en los conceptos heredados de sus predecesores. Así, Charles Louis de Secondant, Montesquieu, en El espíritu de las leyes (1748), defiende la Ley como garantía de igualdad entre los hombres que, por naturaleza, nacen iguales. Jean Jacques Rousseau en El contrato social (1762) también aboga por un pacto que convierta a todos los hombres en “iguales por convención y derecho” (Rousseau, 1993, 23). Pero las mujeres quedaban relegadas de esta igualdad para todos exigida por ingleses y franceses.

El papel de las mujeres fue crucial en el triunfo de la Revolución Francesa. Ellas lucharon a favor de la revuelva, y previamente habían participado en la expansión de las ideas ilustradas: desde las más humildes trabajadoras hasta las damas nobles, que convirtieron sus mansiones en lugares de debate político y protegieron económicamente a los difusores de las ideas revolucionarias. Entre las “salonnières” se encontraban madame de Châtelet, protectora de Voltaire, o mademoiselle de Lespinasse, protectora de D´Alembert (Amorós, 2005).

Pero los ilustrados no incorporaron a las mujeres a sus reivindicaciones. El propio Rousseau (considerado de forma generalizada un adalid del progreso) defendía un modelo femenino absolutamente arcaico para aquellos nuevos tiempos, una mujer exponente del “ancien régime” que él mismo exigía dinamitar. En su libro Emilio, o De la educación, publicado en 1762, pormenoriza cómo deben ser educados los niños, futuros ciudadanos de las sociedades democráticas. El último capítulo lo dedica a la niña-compañera perfecta para Emilio, Sofía, esposa y madre al tiempo que organizadora del hogar, destinada a recluirse en el ámbito privado de su casa mientras que su marido, Emilio, se dedica al trabajo productivo y la vida pública (Cobo, 1995). Apoyando sus ideas en la más fría racionalidad, Rousseau justificaba incluso los malos tratos hacia la mujer por parte de padres y maridos, con el objetivo de lograr su sumisión al papel que por naturaleza les correspondía.

Tras el triunfo de la Revolución francesa, las mujeres constatan que están siendo relegadas, y da comienzo una nueva lucha, su lucha. En 1793 se plantean varias preguntas a los diputados franceses: ¿Pueden las mujeres ejercer los derechos políticos y formar parte activa en los asuntos del gobierno? ¿Pueden las mujeres reunirse en asociaciones políticas o sociedades para deliberar? La respuesta fue que no. Con el ascenso de los jacobinos, las restricciones aumentaron todavía más. El caso más significativo de esa batalla perdida fue el de Olympe de Gouges, autora de la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, de 1791, enviada a la guillotina por Robespierre bajo la acusación de intrigas. La prensa revolucionaria de la época justifica la persecución de las mujeres que quieren ser “hombres de estado, transgrediendo las leyes de la naturaleza y abjurando de su destino de madres y esposas” (Duhet, 1974,44). Napoleón Bonaparte incorpora en su ideario de gobierno la segregación por sexos apuntalada por los revolucionarios, haciéndola sobrevivir en el tiempo.

La misoginia de los ilustrados, consolidada por Napoleón, entra en España. El código civil napoleónico de 1804, vigente en el país tras la invasión francesa de 1808, condena a las mujeres a la incapacidad legal. Los opositores españoles luchan contra Napoleón y su invasión, pero no cuestionan la situación legal de las mujeres (Martín Sánchez, 2014). Así, las Cortes de Cádiz y su constitución de 1812 instauraron el derecho al sufragio universal, especificando que se solicitaba para los hombres libres. “Se dice hombre porque se excluye a la mujer. (...) Desde el primer debate en comisión hasta el acuerdo en pleno, ni como hipótesis ha entrado el sujeto femenino. Media sociedad ya queda excluida de aquel que se dice sufragio universal” (Clavero, 1987, 14). “Por esas fechas, en España, las mujeres ni siquiera podían presenciar los debates parlamentarios en las tribunas públicas del Congreso, pues les estuvo explícitamente prohibido por los primeros reglamentos de Cortes (1810, 1813, 1821), prohibición que se levanta en 1834” (Fagoaga, 1985, 29-30).

A lo largo del XIX, el constitucionalismo español no aporta ninguna novedad significativa “en materia de igualdad” (Ricoy Casas, 2011, 465). La situación perdurará con especial gravedad durante un siglo en España, tratando a la mujer como menor de edad a efectos legales. Las constituciones de 1837, 1876 y el Código Civil de 1889 exigen que las hijas mayores de edad que desean abandonar la casa paterna cuenten con expreso “permiso de los padres” (Pérez Jaraba, 2001, 77).

A mediados del siglo XIX, en la mayoría de los países europeos ya existe una polémica asumida socialmente sobre cuestiones feministas, pero en España no (Scanlon, 1986). Hasta 1918 no se funda la primera organización feminista de nuestra historia, la Asociación Nacional de Mujeres Española - ANME (presidida por María Espinosa de los Monteros), que supone el pistoletazo de salida de un asociacionismo feminista que nace en un momento en el que la española ni siquiera es sujeto de derecho para la Ley: su representante legal, su tutor, siempre es un hombre, su padre o su marido (Capel, 1889).

Paradójicamente, la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930), concede por primera vez el derecho al voto a la mujer española para las elecciones municipales. El 8 de marzo de 1924, el artículo 51 del Real Decreto del Estatuto Municipal incluye un anexo en el que se ordena a las autoridades locales incluir a las mujeres en el censo electoral, para que ejerzan su derecho al voto. Las condiciones para poder participar en los comicios era que las mujeres fuesen mayores de 23 años y no estuvieran tuteladas ni por un hombre ni por el Estado. Se excluían por lo tanto a las casadas, prostitutas y presas. En meses posteriores se ampliaron esos derechos y se permitió que las mujeres que cumplían con los requisitos exigidos para ejercer el voto, también pudieran postularse para un cargo político. Aprovechando la situación, algunas mujeres se presentaron como candidatas y obtuvieron escaños como concejalas o alcaldesas en las demarcaciones donde se celebraron comicios. Pero la situación en general no evolucionaba, y las leyes continuaban discriminando a las mujeres y negándoles la personalidad jurídica.

La prensa de la época, incluso la calificada como conservadora, denunciaba esa discriminación. Un ejemplo es el artículo que la escritora y periodista Blanca de los Ríos publicó en 1927 en el diario ABC, cuyo título era “Las mujeres españolas en 1926”. En él, insta a los gobernantes a eliminar determinados artículos del código civil y penal. “Algunos artículos injuriosos para la dignidad humana de la mujer, como el 237, que, al declararnos inhábiles para todos los cargos tutelares, nos equipara con los ladrones, los estafadores, los corruptores de menores y los penados que extinguen su condena” (Ríos, 1927).

De 1925 a 1930 el movimiento de reivindicación de las mujeres cobra auge en España. El 1931, ya durante el gobierno de la II República, se incluye en la nueva Constitución la concesión del voto a todas las mujeres mayores de edad, sin discriminación por estado civil. La batalla a favor de la consecución de este derecho fue cruenta y estuvo protagonizada por Clara Campoamor. Los opositores al voto femenino, con ardides legales, obligaron en diciembre a 1931 a repetir la votación ganada en las Cortes por Campoamor unos meses antes, y ella tuvo que emplearse aún más a fondo que en la primera votación, porque las presiones para que venciera el no fueron abrumadoras. El avance que experimentan las españolas durante la II República, queda dinamitado tras el golpe de Estado del dictador Francisco Franco y el gobierno que él impone en España, y que se extendería hasta finales de 1975. La dictadura franquista dinamita la democracia, se prohíben los partidos políticos y las elecciones democráticas, la libertad de expresión, y otros derechos fundamentales como el de reunión y asociación. Pero las mujeres pierden todavía más derechos que ellos, pierden su condición de sujeto de pleno derecho. Nuevamente deben tener un representante legal (tutor ante la ley y la sociedad), su marido o su padre, una figura masculina que las represente para cualquier acto.

La presencia de la mujer en la política española tras la Constitución de 1978

Tras la muerte de Franco y el inicio de la denominada Transición, todo cambia en España. La Constitución de 1978 proclama la igualdad de los españoles ante la Ley (hombres y mujeres), igualdad que ya se había establecido legalmente unos años antes en esa Constitución[3]. En las elecciones de junio de 1977, el porcentaje de representación femenina en el Senado alcanza el 2,4%, porcentaje que va incrementándose en posteriores comicios. En el caso del Congreso de los Diputados, en todas las elecciones celebradas en 1979, el porcentaje de presencia femenina se sitúa en un 6% de los escaños.[4]

En 1987, el PSOE propone establecer un sistema de cuotas que asegure la presencia femenina en los partidos e instituciones políticas. Este hecho, provoca el aumento de mujeres en la organización de los partidos, que aumenta hasta un 22,4%. Otros partidos, como el PP e IU, se sumaron de inmediato a ese modelo de cuotas. Gracias a ese sistema, en las elecciones generales de 1989 el número de mujeres candidatas al Congreso de los Diputados pasa de ser de un 21% en 1986 a un 30,5%. En el Senado, se pasa de un 15% a un 23,9%[5]. En el gobierno de la administración central, desde 1982, la proporción de mujeres en puestos de poder ha ido paulatinamente aumentando. Lo mismo ha sucedido en alcaldías y gobiernos autonómicos. En marzo de 2007 se produce un hito en España. En esa fecha se aprueba la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, gestada por el ejecutivo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de esa ley, este partido instaura las denominadas “listas cremallera”, que aseguran la presencia alternativa de hombres y mujeres en las listas electorales.

En paralelo a esa normalización de la actividad política a favor de las mujeres, las leyes españolas también experimentan en España un imparable camino hacia la igualdad efectiva entre ambos sexos. En 1975 se anula la denominada “Licencia Marital”, que exigía a las mujeres un permiso firmado de su marido para ejercer numerosas actividades: firmar contratos de trabajo, cobrar un salario, obtener el carnet de conducir o el pasaporte o poseer una cuenta bancaria, entre otros muchos trámites. La licencia marital provocaba situaciones surrealistas como las que vivían las abogadas españolas, que para representar a sus clientes debían ser previamente representadas por sus maridos.

La no discriminación legal por razón de sexo queda establecida y garantizada por la Constitución de 1978, con una referencia explícita a la igualdad dentro del matrimonio. También en 1978 quedan despenalizados los anticonceptivos y el delito de adulterio (que castigaba especialmente a las mujeres). En 1980, el Estatuto de los Trabajadores anula los reglamentos y disposiciones que discriminan a las mujeres en materia de empleo, en 1981 se aprueba la Ley del Divorcio y en 1985 se regula el derecho al aborto. En 2003 se establece un importante mecanismo de vigilancia para asegurar la no discriminación contra las mujeres, la Ley de valoración del impacto de género en las disposiciones normativas gubernamentales[6], y en 2004 se consigue otro importante avance con la aprobación de la Ley orgánica de medidas de protección contra la violencia de género[7].

Pero la plena incorporación de la mujer como sujeto de pleno derecho a la vida social, pública y política, no garantiza la ausencia de problemas y fricciones con los sectores e individuos más retrógrados. Son demasiados los estereotipos machistas que aún quedan por vencer y superar, y los medios de comunicación reflejan a diario esa difícil realidad.

En marzo de 2021, el diputado del PP Diego Movellán espetaba a la ministra de trabajo Yolanda Díaz en pleno Congreso de los Diputados que en su formación política “las mujeres suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta”[8], aludiendo al líder de Podemos, Pablo Iglesias. El diputado popular soltó su arenga en medio de una sesión oficial de control al gobierno, una lamentable falta de fe en la capacidad de las mujeres y en el valor de su esfuerzo como método para su progreso profesional. En la prensa española de los últimos veinte años encontramos a menudo replicas semejantes. 

El cortocircuito entre medios y política en Italia

El tema de la relación entre la presencia de las mujeres comprometidas en la política italiana y los métodos de su representación en los medios de comunicación está en el centro de un vivo debate político y social que involucra la relación entre el periodismo y la democracia desde la reflexión sobre la narrativa de los medios. Las estrategias utilizadas con respecto a las líderes políticas también resultan significativas a la hora de tratar de definir la calidad de un sistema de noticias y su capacidad para fotografiar los cambios culturales y sociales. Damos comienzo a esta reflexión privilegiando una perspectiva de reconstrucción histórica de las peculiaridades del periodismo italiano, en un camino de lectura tanto del proceso de creciente interdependencia entre los actores políticos y los medios, como de las posibles responsabilidades de los periodistas en la difusión de una actitud discriminadora hacia la política.

En primer lugar, nos detendremos en algunas perspectivas teóricas, destacadas por numerosos estudios sobre la presencia de mecanismos de reproducción de la brecha de género en los medios italianos (Capecchi 2006; De Blasio, Gentile 2013; Belluati, 2020). Para estos autores, el tema central es el de la relación entre periodismo, política y sociedad en Italia, a partir de la consideración de las profundas transformaciones que han trastornado recientemente un sistema de información históricamente anómalo y sus repercusiones en los circuitos de la comunicación política en la actualidad. Muchos autores (Rizzuto 2009; Hallin, Mancini 2021; Murialdi, 2021) han destacado tanto un alto índice de “politicidad” como la centralidad política de la información en las dinámicas públicas, lo que se traduce en una excesiva proximidad al poder, definida como paralelismo político, que provocó una esclerosis en el circuito informativo de la política a los ciudadanos, con exclusión de estos últimos como sujetos activos. Paralelamente, la frágil expansión del mercado mediático ha fortalecido la dependencia económica de este del Estado, la Iglesia y los empresarios, impidiendo el desarrollo de los medios como instituciones autónomas y haciendo prevalecer un modelo colateral, con la información en medios desplegada y utilizada por los líderes políticos como megáfono o arma para sus batallas.

Si, desde los años cincuenta a los setenta, las dinámicas informativas se centraron una concepción pedagógico-formativa de la comunicación política para crear y mantener consensos, a partir de los ochenta, el éxito de la TV comercial y la afirmación de la lógica competitiva del duopolio RAI/ FININVEST favoreció una tendencia al personalismo y la espectacularización de la política, que han cambiado tanto a los actores del circuito informativo como a los géneros mediáticos que, tradicionalmente, la habían “contado” con un lenguaje formal y elitista (Mazzoleni 2021). Tras la crisis de los partidos tradicionales, expuesta en los juicios de Tangentopoli, y la victoria de Berlusconi en las elecciones de 1994, el formato televisivo imperante para narrar la política pasa a ser el talk show que, fusionando información y entretenimiento, marca la adopción definitiva de un esquema narrativo televisivo que simplifica y dramatiza la representación de la política, con consecuencias en la selección de temas y protagonistas.

La política se convierte entonces en pop-política, en la que los personajes ya no son autorreferenciales y están alejados de la vida cotidiana, sino que "se convierten en realidades familiares, sujetos de curiosidad e interés, temas de discusión, fuentes de diversión, a la par que de otras historias" (Mazzoleni y Sfardini 2009, 14). Se estableció así un periodismo híbrido, caracterizado por la mezcla de los registros lingüísticos de la información política tradicional y la nueva lógica del infoentretenimiento, evidente en el éxito del género de la telepolítica (Carlson 2009; Rizzuto 2012). En la sociedad de las plataformas, el periodismo italiano atraviesa una fase de reestructuración radical debido al impacto de las tecnologías interactivas en las rutinas productivas y en la profesión: hoy la desintermediación entre los flujos de comunicación prevalece en la comunicación política italiana posmoderna, posibilitada por Internet y las redes sociales para que el cortocircuito comunicativo, que en el pasado impedía la participación en el debate público, sea sustituido por un espacio discursivo en línea, en el que se produce un diálogo bidireccional y directo entre políticos y ciudadanos (Bentivegna, Boccia Artieri 2021), lo que ha puesto en crisis al periodismo tradicional. Junto a los cambios mediáticos, los últimos resultados electorales han visto la desaparición de muchos partidos y la afirmación de nuevos sujetos políticos, como el Movimento 5Stelle o la Liga Salvini, en los que la dimensión personal adquiere una importancia central: los líderes emergentes están dispuestos a explotar el euroescepticismo. y el descontento general hacia los políticos profesionales también a través de un uso profesionalizado de las redes sociales y la red (Micalizzi 2021; Mazzoleni 2021), con las que pueden eludir cualquier forma de mediación entre información y partido político, y calificar a los periodistas de “obstáculos”, manipuladores y cómplices en complots contra el conocimiento compartido por los ciudadanos, agravando así la crisis de la profesión.

Mujeres políticas en los medios informativos italianos. Representación y brecha de género

Los cambios mediáticos y electorales recientes también han dado lugar a una lenta transformación de la forma en la que el periodismo italiano habla de la presencia de las mujeres en la política, pasando de la ausencia total y la invisibilidad a una presencia más significativa, tanto en términos numéricos como de roles de género encubiertos.

En Italia las primeras elecciones democráticas con sufragio universal se celebraron el 2 de junio de 1946, día en que los italianos eligieron la República a través de un referéndum, y eligieron a los representantes de la Asamblea Constituyente (de los 556 miembros sólo había 21 mujeres, es decir, 8 %). Durante décadas, la presencia de la mujer en la política italiana ha sido escasa y sin altos cargos: de los 64 gobiernos, 13 estaban compuestos únicamente por hombres y ninguno de los 28 primeros ministros era mujer. Solo desde 1983 (gobierno de Fanfani) se ha producido la entrada gradual en la vida política italiana de mujeres ministras (un total de 80 mujeres de las cuales 38 eran ministras sin cartera), que siempre han estado involucradas en sectores considerados menos relevantes para la esfera femenina, tales como educación, la salud o los servicios sociales. En los últimos diez años, los datos electorales muestran un punto de inflexión: en 2013 los elegidos fueron el 30,1% y, en 2018, los 334 nuevos parlamentarios representaron el 35%, superando la media europea de 32, 8%. A partir de 2018, gracias a algunos cambios normativos (Ley electoral n. 165 / 2017 para promover la igualdad de género en la representación política), comienza un crecimiento significativo de la presencia de mujeres en roles institucionales. En el gobierno del Conte I (de junio de 2018 a septiembre 2019) 19 ministras eran mujeres (31,6%), y 5 de 47 viceministras (10,6%). En el gobierno de Conte II (de octubre de 2019 a febrero de 2021), de 23 ministras había 8 mujeres, es decir el 34,7% y 14 de 42 (33%) fueron viceministras. En el actual Gobierno de Draghi (desde 2021) de 23 ministras 8 son mujeres (34,7%) y están ubicadas en cargos centrales (Interior; Justicia; Universidad; Asuntos Regionales; Sur; Políticas de juventud; Igualdad de oportunidades; Discapacidad) mientras que las viceministras suponen un 43,9% (18 de 41)[9].

Para centrar la atención en la calidad de la relación entre las mujeres políticas y los medios de comunicación italianos, es necesario distinguir entre la representación ofrecida por los periodistas y la autopresentación, es decir, la forma en que las mujeres políticas se presentan ante los medios. Numerosos estudios han constatado la presencia en la cobertura informativa de una desigualdad general de trato y una infrarrepresentación de las mujeres (Connell 2002; Carroll 2003; Campus 2013; De Blasio, Gentile 2013), que contribuyen a reproducir un "sesgo de género" en las noticias a través de estereotipos ligados al ámbito cultural. A nivel global, el Global Media Monitoring Project ha constatado en los últimos años “lentas mejoras en la calidad de la presencia femenina en los medios” (Belluati 2020, 70), al tiempo que encuentra una falta de equilibrio entre los géneros representados (en 2020 las mujeres políticas protagonistas de noticias eran solo un 22%), y la presencia de prejuicios que siguen legitimando la discriminación de género tanto en los medios tradicionales como en los digitales, que no resultan espacios neutros y libres sino que, por el contrario, reproducen los elementos de la cultura masculina hasta el nivel de discriminación algorítmica de las minorías (Tota 2008; Bartoletti 2020).

En el caso del periodismo político italiano, las tendencias a la espectacularidad y la personalización que lo han caracterizado durante dos décadas, también son evidentes en las noticias sobre mujeres políticas: los medios se refieren a la esfera privada y al cuerpo femenino con mayor insistencia que en caso de los líderes masculinos. Se confirman implícitamente los prejuicios sobre lo femenino en relación a unos patrones de obligada belleza, y con frecuentes referencias a la edad, presentada como criterio de evaluación de capacidades y competencias políticas o como signo de inexperiencia. Incluso en casos de fuerte presencia femenina (50%), como el gobierno de Matteo Renzi en 2014, muchos diarios han dado visibilidad a las ministras insistiendo en su apariencia física con un léxico informal, propio del chisme: por tanto, cuanto mayor número de mujeres encontramos en los puestos de responsabilidad, la tendencia solo puede traducirse como una operación de marketing político, en consonancia con la lógica de la política-entretenimiento y exhibición, que penaliza a las mujeres y conecta con un modelo de liderazgo masculino todavía predominante (Capecchi 2006). Ya en 1996, Braden, al analizar la relación entre mujeres, medios y política, había puesto de relieve una discriminación oculta, ejecutada a base de infravalorar a las políticas a través de una representación puramente estética, o insertándolas en un campo semántico masculinizado al que los líderes hombres deben adherirse presentándose como capitanes, guerreros o luchadores.

Según Belluati (2020) aún existe un poder semántico desequilibrado, que obliga a las mujeres a intentar parecerse a los hombres más que a diferenciarse: incluso en el caso de los estereotipos positivos a través de los que se las define como guardianas de la verdad o incidiendo en su humanidad, se emplean dispositivos retóricos que confirman el sesgo a través del que ellas parecen por naturaleza ajenas a la lógica de la política y más vinculadas al ámbito privado y doméstico. De esta forma, la representación estereotipada de los líderes produce el efecto de polarizar las diferencias. La personalización de la narrativa política se produce, por tanto, de diferentes maneras entre hombres y mujeres: si en la era de la política íntima (Mazzoleni 2021) la vida privada es explotada por el político íntimo (Stanyer 2007) porque lo acerca empáticamente a los votantes y atrae a los medios, en el caso de la mujer se analiza y juzga como un elemento calificativo, que puede demostrar su capacidad para convertirse en líder. Por ejemplo, si está casada, la familia se presenta como un factor tranquilizador pero, al mismo tiempo, como una posible limitación para la actividad política; en el caso de una mujer política soltera, sin embargo, los medios de comunicación sugieren inferencias implícitas, que se traducen en una valoración sustancialmente negativa de la fiabilidad de la candidata: la capacidad de conciliar la vida familiar y pública o la ausencia de una familia tradicional siguen siendo, por tanto, elementos para definir su identidad.

Según Capecchi (2015), los periodistas italianos no solo adoptan una mirada masculina, es decir, distorsionada y artificial, sino que la presentan como universal y objetiva: este machocentrismo también es confirmado por otras investigaciones (Tota 2008; Azzalini 2021) que han destacado la presencia de formas lingüísticas y estrategias discursivas objetivadoras del cuerpo de los candidatos. Los medios italianos "juzgan" a las mujeres políticas también relacionando sus carreras con los hombres importantes que las han "ayudado" o con las experiencias que tuvieron en sus anteriores etapas profesionales; siempre a la sombra de un líder masculino: naturalmente, desde 1994 la absoluta descalificación misógina de las mujeres promovida por Berlusconi ha contribuido fuertemente a disminuir la percepción de la calidad de la presencia femenina en la política, imponiendo el problema de la relación entre poder y sexualidad (Stevens 2007) de manera aún más acentuada.

En general, podemos observar que las políticas italianas se ven obligadas, como en una trampa, a vivir una contradicción continua entre la obligación de ser asertivas y agresivas (para parecer lo suficientemente fuertes como para convertirse en líderes), y el deseo de evitar ser percibidas como demasiado agresivas, carentes de esa dulzura femenina "natural" y que debería distinguirlas de sus colegas masculinos. Jamieson (1995) habló del efecto de doble vínculo precisamente para indicar que las mujeres que se encuentran en la cima deben ser competitivas para no parecer débiles, arriesgándose así a ser vistas como fuera de los cánones de su género. Con respecto a este fenómeno, las políticas italianas intentan “resistir” implementando dos estrategias totalmente opuestas para controlar su imagen pública y defenderse o evitar estereotipos: en algunos casos, optan por la deserotización del cuerpo, utilizando ropas masculinas y aparentemente más profesionales que ocultan su feminidad e incentivan la percepción de su rol público (como la expresidenta de la Cámara Laura Boldrini). Otras políticas (Boschi, Carfagna, Moretti), en cambio, deciden utilizar los estereotipos de género a su favor, realzando su belleza física con accesorios y prendas de moda que las hacen populares en revistas y redes sociales, ofreciendo intencionadamente detalles sobre looks y cuidado físico con los que ellas mismos favorecen prácticas de objetivación de su cuerpo acordes con la lógica del infoentretenimiento y la vitrificación social.

En conclusión, la tendencia a la tabloidización y la adopción de la lógica del infoentretenimiento, también en el reportaje político, han empujado a los periodistas italianos de las últimas tres décadas a hablar de la presencia de la mujer en la política, apuntando sobre todo a un empleo amable de la noticia (Rizzuto 2018): así se ha instalado un periodismo muy espectacularizado, híbrido y popular, que penaliza a las mujeres porque se mantiene anclado en modelos de poder masculinos, y utiliza prácticas discursivas y dispositivos retóricos que  banalizan y generan distorsión.

Conclusiones

Tanto en la Península Ibérica como en Italia, la legislación garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la acción política. Sin embargo, la legislación de cada país tiene un tratamiento diferente en relación con esta cuestión. Pero la plena incorporación de la mujer como sujeto de pleno derecho a la vida social, pública y política, no garantiza la ausencia de problemas y fricciones con los sectores e individuos más retrógrados. Son demasiados los estereotipos machistas que aún quedan por vencer y superar, y los medios de comunicación reflejan a diario esa difícil realidad.

Independiente de que en la actualidad muchas mujeres ocupen puestos de responsabilidad en las diferentes comisiones parlamentarias o en los Gobiernos de los tres países analizados, el hecho de que solo una mujer lidere un partido de ámbito nacional -como es el caso de Catarina Martins, del Bloco de Esquerda (BE)- y que el proyecto de la Vicepresidenta Yolanda Díaz en España no acaba de implementarse, indica que queda todavía mucho camino por recorrer hasta llegar a una plena integración de la mujer en el activismo político y social.

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